Izquierda Unida pide la paralización del derribo de la antigua estación de Autobuses ante las dudas legales del proceso

“El edificio es municipal pero la decisión del derribo se aprobó y se va a costear desde la Junta de Castilla y León”. El grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila reclama un informe jurídico que aclare los pasos dados hasta la fecha. “En el Ayuntamiento de Ávila no se ha aprobado el derribo, pero sí el pliego de condiciones para hacerlo. Pedimos que se paralice”.

Montserrat Barcenilla pide “valentía” al Partido Popular para diga a los abulenses que “la demolición no se hace porque el edificio esté en ruinas, que no lo sabemos al no existir informe técnico, sino porque da cumplimiento a una promesa electoral de Ciudadanos y necesitan su apoyo”

La antigua estación de Autobuses es municipal, “nunca lo fue de la Junta de Castilla y León”. Y tras conocerse en la pasada Junta de Gobierno esta situación, el grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado la redacción de un informe jurídico donde se determine “si los pasos dados hasta el momento son legales”. Un nuevo capítulo en un derribo “aprobado, decidido y costeado -200.000 euros- por la Junta de Castilla y León, cuando resulta que es un edificio municipal, sin ningún informe técnico mediante que valore si se derriba o no por riesgo estructural y con el único objetivo conocido de dar cumplimiento a una promesa incluida en el programa electoral de Ciudadanos” explica Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, que recuerda que “el programa electoral del Partido Popular lo que incluía era el mantenimiento del edificio para darle un uso municipal”. Una situación que responde a que “la realidad es que las decisiones municipales están secuestradas por el apoyo de Ciudadanos al Equipo de Gobierno del Partido Popular”.

No es el edificio de la antigua estación de autobuses de la Junta de Castilla y León “y nunca lo fue” y más allá “de la sensación de engaño, falta de lealtad y respeto con la que está funcionando el Partido Popular”, Izquierda Unida de Ávila ha registrado por escrito la solicitud “de la suspensión del derribo en tanto no se tenga el informe jurídico que avale la legalidad del proceso”, un proceso en el que recuerda Montserrat Barcenilla que los pasos adoptados se hicieron partiendo del supuesto que el edificio era de la administración regional. “Ahora sabemos que es nuestro” y tiene claro la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila que lo primero que debería hacerse “es aprobar en los órganos municipales el derribo, porque ese paso no se ha hecho. Fue la Junta de Castilla y León la que lo decidió, y lo único que ha aprobado el Ayuntamiento de Ávila –con los votos del Partido Popular y Ciudadanos- es el pliego de condiciones del derribo”.

Y advierte Izquierda Unida de Ávila sobre la partida de 200.000 euros con los que la Junta costearía el derribo. “Ese dinero se justificaba desde la consideración de que el edificio era suyo, pero resulta que no lo es. El informe jurídico que debe aclarar que ocurre ahora, si todos los procesos emprendidos son legales”.

Pide Izquierda Unida aclarar la legalidad de lo que se va a hacer y al Partido Popular le pide “valentía. Que le diga a los abulenses que el derribo de la antigua estación de autobuses no se hace porque el edificio esté o no en condiciones, porque no lo sabemos –no existe informe técnico- sino que porque es respuesta al apoyo de Ciudadanos al Equipo de Gobierno”.

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