Izquierda Unida busca el apoyo de la Diputación a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

La moción presentada por la formación de izquierdas reclama que las corporaciones locales que cumplan con los criterios de estabilidad puedan reinvertir su superávit fiscal en la prestación de los servicios públicos. El actual desarrollo de la ley “supone una importante limitación en el gasto social” señala Santiago Jiménez

Izquierda Unida buscará el apoyo del Pleno de la Diputación de Ávila a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a través de la moción que la formación de izquierdas presentará en la próxima sesión plenaria. Una moción que reclama la modificación del actual articulado al considerar que “la consagración de la estabilidad  presupuestaria como el principio máximo al que queda sometida el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas está provocando evidentes perjuicios a los entes locales, las administraciones más cercanas a los ciudadanos” apunta Santiago Jiménez, portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Ávila, ante la propuesta que defenderá en los próximos días. “Es necesario modificar el actual articulado, abriendo en el mismo la puerta a que aquellos ayuntamientos que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el periodo de pago de la deuda comercial, puedan reinvertir su superávit fiscal en los servicios públicos de su competencia” defiende Jiménez.

Según el actual articulado de la ley, “han sido las corporaciones locales las que han asumido con mayor exigencia y responsabilidad el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal”, restringiendo a partir de la regla de gasto “las actuaciones sociales y debilitando los servicios públicos fundamentales”, marcando como “prioridad absoluta” a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública en el estado de gasto de los presupuestos.

Pone en evidencia Santiago Jiménez las consecuencias negativas “que esta ley ha supuesto para nuestros ayuntamientos”, desde “la fuerte limitación que supone para el incremento del gasto social” más allá del superávit o remanentes de tesorería que puedan presentar las corporaciones, al impacto “negativo sobre el crecimiento económico”.

Es por todo ello que el grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial buscará el acuerdo del resto de las formaciones, “dando traslado del mismo a los distintos grupos parlamentarios”, para “apoyar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” que está presentada en el Congreso de los Diputados y que incide en la supresión o modificación de diversos artículos. “La obligación de cumplir con la actual ley en los términos en los que se encuentra redactada supone no sólo una importante injerencia en la autonomía local especialmente complicado de justificar en un contexto en el que la mayoría de los ayuntamientos presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería, cumplen con los límites de deuda, respetan el límite de pago a proveedores y sin embargo no pueden dedicar el saldo positivo al gasto social o nuevas inversiones”.

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