Izquierda Unida traslada al Equipo de Gobierno del Partido Popular su preocupación por la situación de impago a los vigilantes de la Muralla

La formación de izquierdas, que responsabiliza a la empresa concesionaria por los retrasos producidos, recuerda al Partido Popular su obligación de atender “en tiempo y forma” en el pago a proveedores. “Al final los perjudicados son los trabajadores”

El grupo municipal de Izquierda Unida ha vuelto a trasladar al Equipo de Gobierno del Partido Popular su preocupación por la situación de impago en las nóminas a los trabajadores responsables de la vigilancia de la muralla, pertenecientes a una concesión administrativa y a los que se les ha llegado a adeudar entre dos y tres meses. Una situación responsabilidad “de la empresa concesionaria” pero ante la que la formación de izquierdas no olvida que se trata de “una empresa que está desarrollando un trabajo para el Ayuntamiento de Ávila, y por lo tanto la administración debe fiscalizar el correcto desempeño del servicio y cumplimiento del contrato”.
Una situación en la que “los verdaderos perjudicados son los trabajadores” señalan desde el grupo municipal de Izquierda Unida, que apunta como principal responsable del conflicto a la empresa, “que es quien tiene la total obligación de atender al pago de las nóminas de sus trabajadores en tiempo y forma, inclusive por encima de los posibles retrasos en los pagos por el servicio que se hubieran producido desde la administración, como ha sido el caso”. Tiene claro la formación de izquierdas que “la empresa no puede trasladar a los trabajadores, la parte más débil y desprotegida en este aspecto, los problemas que pueda tener, en este caso, con el Ayuntamiento de Ávila”. En este punto el grupo municipal de Izquierda Unida ha reclamado al Equipo de Gobierno del Partido Popular “una mayor diligencia y compromiso en el pago a proveedores, porque como podemos ver son los trabajadores los que se encuentran en una clara posición de indefensión”. Retrasos que no son nuevos, sino “desgraciadamente habituales y que afectan especialmente a la estabilidad económica de las pequeñas empresas que trabajan para la administración, mucho más vulnerables a situaciones de impago a proveedores”.
Desde inicios de la legislatura se consiguió la inclusión en los pliegos de condiciones que para el cobro de las facturas las empresas debían acreditar el pago de las nóminas y seguridad social “como fórmula de protección de los derechos de los trabajadores”.

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