“No son los ciudadanos los que deben asumir los costes por eliminar el problema de las algas en Serones, sino la empresa”

El grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila reitera su posición ante las pretensiones del Partido Popular porque la solución sea sufragada desde el Ayuntamiento de Ávila y recuerda que “la obligación del Equipo de Gobierno es velar por los intereses de la ciudad y no de Aqualia”

“No es responsabilidad de los abulenses costear la solución al problema de las algas en Serones, sino de la empresa concesionaria del servicio”. Reitera su posicionamiento el grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila tras la postura del Equipo de Gobierno del Partido Popular, que insiste en que las medidas que puedan llevarse a cabo ante este problema sean sufragadas por las arcas municipales. “Seguimos insistiendo en lo que dice el contrato. Estamos ante una obligación, en este caso, de la empresa Aqualia, dado que se trata de una acción necesaria para que el agua llegue a los hogares de todos los abulenses en las condiciones organolépticas óptimas para su consumo” indica Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, ante la postura del Equipo de Gobierno del Partido Popular, que insista en “velar por los intereses de la empresa antes que los intereses de los ciudadanos”.
Desde la formación de izquierdas, y tras la celebración de la última Comisión de Servicios a la Ciudad, insiste en el cumplimiento de las condiciones del contrato. Un contrato –firmado en 1988- que apunta en sus diferentes artículos que “es la empresa la que debe asumir la vigilancia, conservación, mantenimiento y eventual sustitución de los elementos necesarios para el agua esté en buenas condiciones”, aportando “los medios humanos y materiales necesarios en cada momento para garantizar de forma permanente los servicios a los que obliga el presente pliego”, incluyendo “la totalidad de los gastos de adquisición y reposición de los medios materiales y de gestión, así como los gastos de conservación, mantenimiento y conservación de los mismos durante el periodo concesional”. Y en especial Montserrat Barcenilla quiso poner su acento en el punto 15.3 del contrato, que indica que “el concesionario se obliga a que la calidad bacteriológica, química y organoléptica –de olor y sabor- del agua que se distribuya responda en este particular a las condiciones de salubridad fijadas por la administración sanitaria correspondiente”.
Para la formación de izquierdas es contrato “es muy claro, todo lo que tenga que ver con la implantación de medidas y el mantenimiento de las mismas es una responsabilidad de la empresa concesionaria”.
En este contexto desde Izquierda Unida de Ávila se advierte al Equipo de Gobierno del Partido Popular que “no vamos a consentir que desde el Ayuntamiento de Ávila se vele antes por los beneficios e intereses de una empresa por encima de los intereses de los abulenses y la ciudad”. Una advertencia que se produce después de una Comisión de Servicios a la Ciudad donde el Equipo de Gobierno del Partido Popular “ha buscado tergiversar los términos del contrato, de forma torticera, para lograr una reinterpretación de los términos del mismo que le permitan justificar que aquello que es obligación de la empresa pasa a ser una obligación para el bolsillo de todo los ciudadanos”.

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