Izquierda Unida de Ávila busca el apoyo del Ayuntamiento de Avila ante la penalización del autoconsumo energético

Izquierda Unida de Ávila considera que Ávila debe sumarse al rechazo del Real Decreto por el que se penaliza económicamente el autoconsumo energético. “Si queremos un modelo más sostenible debemos apostar por la autoproducción”.

Puedes leer la moción completa AQUÍ

El autoconsumo eléctrico no sólo debe ser un derecho sino un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético desde el que poder hacer frente al cambio climático. Es por ello “que consideramos necesaria la derogación” del Real Decreto 900/2015 del 9 de octubre por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autocosumo. Dicho de otra manera “si queremos apostar por un nuevo modelo energético, si queremos apostar por el autoconsumo lo que debe hacer la administración pública es favorecer estas prácticas”.

Es por ello por lo que Izquierda Unida de Ávila presentará en el próximo pleno municipal una moción en la que “desde el Ayuntamiento de Ávila se muestre el rechazo a este real decreto y se pida su derogación” explica Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, que recuerda que “se trata de una cuestión de especial relevancia en Ávila”. No sólo advierte que ya se ha sancionado administrativamente a un abulense por estas cuestiones sino que”estamos en una ciudad en la que disponemos de un gran número de viviendas e instalaciones susceptibles de beneficiarse del autoconsumo eléctrico, así como de profesionales que trabajan en el sector de las renovables“.

El autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático, y por el que los países más avanzados de nuestro entorno están apostando. El autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior (que en el caso del Estado español es del 86%) y genera energía eléctrica de forma descentralizada y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo y fomenta la economía local; además, es una herramienta que, en manos de la Administración Pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho más cuando, a día de hoy, no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país ya que hace tiempo se ha conseguido que el precio del kWh generado sea inferior al del precio del kWh de mercado.

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