El Partido Popular rechaza la moción de Izquierda Unida de Ávila para declarar ilegal parte de la deuda contraída con los bancos

El texto presentado por el grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila buscaba el acuerdo del resto de fuerzas políticas para considerar ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras privadas, que prestan a las administraciones públicas, a un interés del 5,54%, el dinero inyectado por el Gobierno.

Puedes leer el texto completo de la moción AQUÍ

El Partido Popular y UPyD (el PSOE se abstuvo) votaron en contra a la moción presentada en el Pleno del mes de septiembre por el grupo municipal de Izquierda Unida en la que la única formación de izquierdas  en el Ayuntamiento de Avila instaba a declarar ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras, a las que el Estado presta el dinero al 1% mientras que ellas, a su vez, se lo prestan a las administraciones al 5,54%.

“Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se ha abordado de la peor manera posible para los intereses de los ciudadanos” defendió Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila. Y es que la prestación de los servicios públicos ha quedado condicionada al pago de las deudas con las entidades crediticias tras la reforma constitucional aprobada el 30 de agosto de 2011 por PP y PSOE. Un sometimiento que ha generado que mientras que el gobierno inyecta liquidez a los bancos a un interés inferior al 1%, dichas entidades prestan a su vez  créditos a las administraciones con intereses superiores al 5%.  

Por ello Izquierda Unida solicitaba en su moción “considerar ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras privadas en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda, donde se han aplicado intereses del 5,54% para pagar con dinero público a entidades financieras que lo han obtenido a intereses inferiores al 1%”. Un texto en el que igualmente se instaba al gobierno municipal “a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima”. Igualmente el documento pedía que el Ayuntamiento de Ávila se sumara a la iniciativa de la PACD para proponer la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que permitiría evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda ilegítima.

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