Izquierda Unida pedirá en las Cortes de Castilla y León la supresión de los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61

José María González, procurador y coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, anunció medidas tanto en las propias Cortes como en el Congreso de los Diputados para conocer las medidas que el Gobierno ha adoptado para hacer cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y que declaró en 2010 ilegales los mencionados peajes.  

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Izquierda Unida llevará en las próximas fechas a las Cortes de Castilla y León la exigencia para suprimir los peajes de la AP-6, AP-61 y AP-51. Así lo anunciaba este martes el procurador y coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, José María González, acompañado de José Alberto Novoa, coordinador provincial de IU Ávila, y José Ángel Frías, coordinador de IU Segovia, en una comparecencia conjunta en la que José María González anunciaba una serie de iniciativas políticas para exigir al Gobierno que acate la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2010 declaraba ilegal la adjudicación a Iberpistas de la construcción, conservación y explotación de la AP-6, AP-61 y AP-51 así como la prórroga de la concesión de la explotación de la AP-6 de 2018 hasta 2050, exigiendo con ello la reversión inmediata al Estado de la gestión de las mismas.

Para ello José María González señaló que el próximo mes de septiembre buscará el compromiso de la Junta para que “se deje de poner del lado del Gobierno y luche por los intereses de la región. Se trata de una reivindicación que afecta a todos los ciudadanos castellano y leoneses, a las empresas cuya base de trabajo radica en nuestras provincias”. En este sentido recordó que un transporte pesado paga por el trayecto de ida-vuelta Segovia-Madrid unos 40,4 euros mientras que el recorrido Ávila-Madrid cuesta 51,5 euros. Por su parte para los trabajadores que tengan que desplazarse a Madrid supone un gasto mensual medio que supera los 500 euros, “algo insostenible, teniendo en cuenta la depreciación de los salarios, lo que obliga a muchos castellano y leoneses a abandonar la comunidad”.

Medidas en las Cortes pero también en el Congreso de los Diputados, donde los representantes de Izquierda Unida preguntarán al Congreso de los Diputados por las medidas que está adoptando para hacer cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. “A día de hoy nadie conoce el expediente ni los compromisos.  Queremos conocerlos y así lo exigiremos a la Junta y al Gobierno central, porque detrás está el interés del desarrollo económico y social de Castilla y León”.

José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida de Ávila, recordó que estos peajes “están estrangulando” las economías provinciales. “Todo esto supone un estrangulamiento económico-industrial para la zona. En lugar de beneficiarnos de un potencial importante, como en su día hicieron Toledo y Guadalajara, y hacer uso de la cercanía con Madrid y las sinergias que ésta produce, Ávila cuenta con una muralla de asfalto que impide cualquier relación industrial, económica o social. Todos los beneficios que nos vendieron hace 13 años se han quedado en nada. Ya es hora de que la Junta defienda los intereses de los castellano y leoneses”.

Sentencia
En noviembre de 1999 se concesionó a Iberpistas la construcción y explotación de los tramos de peaje de la A-6 con Ávila y Segovia. El artículo 5 del Real Decreto 1724/1999 preveía la ejecución de una serie de obras que no fueron incluidas en el pliego del concurso. Obras como la construcción de un tercer carril entre Villalba y el tramo de la zona del Valle de los Caídos, un tercer carril y un túnel entre la zona del Valle de los Caídos y San Rafael, y un cuarto carril entre Madrid y Villalba. Obras complementarias por cuya compensación se ampliaba la concesión a Iberpistas sobre la A-6 entre 32 y 35 años a partir de 2018.
Sin embargo la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2010 deja claro que en la adjudicación a Iberpistas se incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública y reseña que “procede concluir que las obras complementarias se adjudicaron a Iberpistas a pesar de que no estaban comprendidas en el objeto de la concesión de que se trata”, por lo que invalida las referidas obras al objeto de ampliar la concesión de la gestión de la A-6, que revertiría al Estado a partir del 30 de enero de 2018.

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