Que la iglesia pague el IBI

Izquierda Unida llevará al pleno de la Diputación Provincial una moción en la que insta a suprimir los privilegios de la Iglesia, uno de los mayores propietarios inmobiliarios de España que evita el pago de cerca de 3.000 millones de euros.
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No será el único asunto que abordará la formación de izquierdas, que llevará a la sesión la necesidad de retirar el Real Decreto para el pago a proveedores porque, tal y como está concebido, “pone en serio riesgo la prestación de los servicios tal y como están concebidos”
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Como uno de los mayores propietarios inmobiliarios de España “y probablemente de Castilla y León y Ávila”, Izquierda Unida, a través de su portavoz Santiago Jiménez, instará en el pleno de la Diputación Provincial a retirar la exención del IBI en los bienes inmuebles propiedad de la iglesia católica “instando para ello al Gobierno a que modifique el articulo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004”, dando traslado a su vez del acuerdo a los grupos parlamentarios.
Hace apenas unos meses se publicaba el Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, “medidas entre las que una de las principales era el aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”, un aumento de la presión fiscal “que no afectará a uno de los mayores propietarios inmobiliarios de este país, como es la iglesia católica, que quedará exenta gracias a los acuerdos entre el Gobierno de España y la Santa Sede”, una situación doblemente injusta pues, “un impuesto que va a gravar a toda la ciudadanía no lo hará sobre uno de los mayores propietarios inmobiliarios y, pese a tener el objetivo de incrementar los ingresos de las administraciones, dejará de recaudar cerca de 3.000 millones de euros por un privilegio que, en estos momentos, no entendemos comprensible, especialmente cuando se sabe que muchos de estos inmuebles están dedicados a actividades económicas”.

Lo que verdaderamente se necesita un sistema adecuado de financiación local

 

No será el único tema que abordará Izquierda Unida en el pleno provincial. Con el fin de “evitar que los servicios públicos que prestan los ayuntamientos queden en serio riesgo”, Izquierda Unida instará a retirar el recientemente aprobado Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se establecen mecanismos de pago a proveedores de las entidades locales. Y es que para la formación de izquierdas “los ayuntamientos deberán poner en marcha un durísimo ajuste en el gasto”, mucho más complicado toda vez que se vaya incorporando como gasto corriente el derivado de la amortización de la deuda “lo que terminará en repercutir en los servicios que actualmente prestan los ayuntamientos”.

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